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domingo, 4 de mayo de 2014

A la espera de órdenes de detención internacional contra exministros

A la espera de órdenes de detención internacional contra exministros



Exministros franquistas y antiguos miembros de las fuerzas de
seguridad, entre los nuevos acusados en la querella argentina. Mientras,
la Audiencia Nacional rechaza la extradición de Jesús Muñecas y Billy
el Niño.
El pasado 14 de abril se conmemoraba el 83º aniversario del nacimiento de la Segunda República en el Estado es­pañol. Ese día, las víctimas del franquismo, agrupadas en la Coordina­dora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del Fran­quismo (CEAQUA),
también celebraban el aniversario del inicio de la causa contra la
impunidad del régimen que derrocó a la República, que hace ya cuatro
años decidieron lanzar. Y lo hacían con la petición de nuevas
diligencias bajo el brazo. Pocos días antes, el 4 de abril, el abogado
de la causa, Carlos Slepoy, entregaba a la jueza argentina María Servini de Cubría
un nuevo listado con nombres de antiguos miembros de las fuerzas de
seguridad, exministros y juristas. Un total de 16 personas que, según la
CEAQUA, “amparados por la dictadura, no respetaron los derechos humanos y hasta el día de hoy permanecen impunes”.


“Vemos posible que relativamente pronto se pueda dictar orden de
detención internacional contra algún o algunos de los exministros”,
relata a DIAGONAL el abogado de las víctimas, quien valora así las
posibilidades que tiene la causa de proseguir tras su encuentro con la
jueza. En cuanto a los exmiembros de las fuerzas de seguridad, Sle­poy
recuerda que han cometido delitos similares a los de Jesús Muñecas y
Juan Antonio González Pacheco –alias ‘Billy el Niño’–, cuyas órdenes de
detención internacional ya se han dictado. [El 25 de abril, la Audiencia
Nacional rechazaba la extradición a Argentina de Muñecas, y el día 30
la de Billy el Niño, con la argumentación de que los delitos de torturas
de los que se les acusa han prescrito y de que no constituyen delitos
de lesa humanidad, que no prescriben.]  “Creemos que hay elementos muy
contundentes por los testimonios de las víctimas”, asegura.


Un excomisario en la lista

En esta nueva tanda, la CEAQUA carga en primer lugar contra ocho expolicías, algunos de ellos miembros de la antigua Brigada Político- Social, el órgano represivo del franquismo por excelencia. Entre ellos se encuentra el excomisario de Le­ga­nés (Madrid), Jesús González Reglero,
en activo hasta hace apenas unos meses. Después de que su nombre
trascendiera a la opinión pública tras aparecer en la querella
argentina, se jubiló, tal y como constataba la CEAQUA a través de los
pocos medios de comunicación que se hacían eco de su marcha.


“Vemos posible que relativamente pronto se pueda dictar orden de detención internacional contra algún exministro”
Como publicó DIAGONAL,
el pasado 1 de diciembre los vecinos del municipio madrileño salían a
la calle para pedir el cese de Reglero al frente del Cuerpo Nacional de
Poli­cía del municipio, con una gran pancarta en la que se demandaba
“verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo”. Unos
días antes, el Ayuntamiento de Le­ganés aprobaba con los votos en contra
del PP “exigir el esclarecimiento del grado de participación en la
Brigada Político-Social de Jesús González Reglero”. Según medios de
comunicación locales como elbuzon.es, a finales del mes de enero Reglero se jubilaba y desde el 26 de marzo el municipio ya cuenta con un nuevo comisario: Bartolomé Campaner Borrás.


De la matanza de Vitoria al asesinato de Puig Antich

Además de expolicías, la CEAQUA da un paso más con la petición de
órdenes de detención internacionales para exministros. Entre ellos, el
que fuera ministro de la Presidencia en el primer gobierno de la
monarquía, Alfonso Osorio García, al que se acusa de estar implicado en la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde la intervención policial durante una huelga acabó con más de cien heridos y cinco trabajadores muertos.


Otro alto cargo reclamado es Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia durante los últimos años de la dictadura y al que acusan de firmar la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974 y también las de los últimos fusilamientos del régimen franquista en 1975.


Y entre los juristas reclamados se encuentra Carlos Rey González, el
actual abogado de la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez
Camacho, también acusado por su implicación en la condena a muerte de
Puig Antich. En 1974 era capitán auditor del Cuerpo Jurídico del
Ejército y fue el redactor de la sentencia que condenó al joven
anarquista al garrote vil.


“No estamos como al principio”

Mientras tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a
la extradición de los hasta ahora dos procesados. Pero, durante las
vistas de Muñecas y González Pa­checo celebradas en el mes de abril, el
Ministerio Público dejó ver un nuevo matiz importante. “Hay que valorar
que no estamos igual que al principio”, destaca Slepoy mientras señala
que el fiscal ha abierto la puerta a que se celebre un juicio en España para que las víctimas sean oídas.


“Hay una diferencia entre la posición inicial y la de ahora de la
Fiscalía. Inicialmente decía que los delitos estaban prescritos y eran
muy contundentes. Ahora empieza a relativizar y habla de que podrían
estar prescritos. Ha pasado a hablar en condicional”, explica el abogado
de las víctimas, mientras añade que ahora ni siquiera se amparan en la Ley de Amnistía,
“una ley que está muy condenada internacionalmente”, asegura. El
letrado insiste en que no hay que menospreciar los logros obtenidos
hasta ahora. “Al principio, el Gobierno se opuso a que realizáramos
videoconferencias para declarar desde la embajada argentina en España.
Tuvimos, pues, que viajar hasta Argentina. Esto ocasionó un gran
impacto, mayor que si se hubieran hecho videoconferencias. A medida que el Gobierno se niega a colaborar, la presión social se hace mayor”,
relata Slepoy. “Hay avances muy importantes y a la impunidad le está
haciendo mucho daño la querella argentina”, concluye el abogado de las
víctimas.


Alfonso Osorio García (1975-1977)

Primer ministro de la Presidencia de la Transición, Osorio García es
considerado uno de los responsables de la matanza de Vitoria. Los
abogados de la acusación solicitan cadena perpetua para él y el resto de
exministros .



Antonio Carro Martínez (1974-1975)

Último ministro de la Presidencia del franquismo, firmó la sentencia
de muerte de Salvador Puig Antich, ejecutado el 2 de marzo de 1974, y la
de los cinco últimos ejecutados del franquismo, el 27 de septiembre de
1975.



Licinio de la Fuente de la Fuente (1969-1975)

Como ministro de Trabajo del Gobierno franquista (1969-1975) y
vicepresidente del Gobierno (1974-1975), ha sido acusado de “colaborador
necesario en el asesinato” de Salvador Puig Antich.



Antonio Barrera de Irimo (1973-1974)

Vicepresidente de Unión Fenosa en la actualidad. Como ministro de Hacienda entre 1973 y 1974 y vicepresidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro en 1974, fue uno de los firmantes de la pena de muerte de Puig Antich.



José María Sánchez-Ventura (1975)

Después de desempeñar el cargo de subsecretario de Información y
Turismo en 1974, en el año 1975, como ministro de Justicia, firmó la
sentencia de muerte de los cinco últimos fusilados del franquismo.


http://www.diagonalperiodico.net/saberes/22672-la-espera-ordenes-detencion-internacional-contra-exministros.html


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