NOTA DE PRENSA. Privatización Total de los Servicios Sociales Aragoneses

NOTA DE PRENSA

EL SINDICATO CATA DENUNCIA LA PUBLICACIÓN DE “LA HERRAMIENTA LEGAL NECESARIA” PARA LA PRIVATIZACIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES ARAGONESES

LA PUBLICACIÓN DE LA ORDEN CDS/2042/2017  DEL DEPARTAMENTO DE CIUDADANIA Y DERECHOS SOCIALES QUE ESTABLECE EL “CABALLO DE TROYA” NECESARIO PARA LA PRIVATIZACIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES ARAGONESES

Desde el Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA), denunciamos que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón abre la “barra libre” para la privatización total de los servicios sociales. El pasado 12 de diciembre se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón la Orden CDS/2042/2017 por la que se regula la acción concertada en materia de servicios sociales y que permite privatizar la totalidad de servicios del Catálogo de Servicios Sociales competencia del Gobierno de Aragón.

Esta Orden contradice las últimas decisiones que ha tomado el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales en materia de Protección de Menores reorganizando y recuperando la gestión pública del Centro de Observación y Acogida (COA), tras la desastrosa gestión de las últimas entidades privadas que lo administraron y la valoración de la “no idoneidad” de gestión externa por parte del propio Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Esta situación parece indicar dos rumbos distintos y opuestos entre los organismos encargados de la gestión de los servicios sociales, el IASS por una parte y por otra el Departamento del cual depende, el de Ciudadanía y Derechos Sociales. La falta de planificación y de coherencia que siempre ha persistido en los servicios sociales aragoneses parece que no tiene fin y a los desencuentros habituales entre Gobierno de Aragón y las Comarcas o Ayuntamiento de Zaragoza, o la alternancia antagónica entre modelos de gestión social entre gobierno de PP y PSOE, ahora nos enfrentamos a criterios distintos entre un Departamento y su propio organismo responsable de la gestión de los servicios sociales, el IASS.

En el Anexo de la Orden mencionada se enumeran como posibles servicios susceptibles de “acción concertada”, gestión privada de los servicios en la práctica, todos los contemplados en el “Catálogo de Servicios Sociales” del IASS. Servicios que en la mayoría de los casos ya se encuentran con gestión privada pero esta vez se añaden todos los referentes a la acciones educativas con los menores infractores en medio abierto, como pueden ser: Servicio de intervención con infractores menores de 14 años en el ámbito de protección, Servicios de mediación y reparación para menores infractores y Servicio de ejecución de medidas judiciales en medio abierto. Se trata de servicios donde se ha realizado tradicionalmente una gestión directa por parte del Gobierno aragonés con independencia del color político de su ejecutivo. Servicios todos ellos realizados por empleados públicos y con un valoración muy positiva, tanto del sistema de Justicia Juvenil, como de la sociedad aragonesa y que en algún caso son referente estatal de intervención socioeducativa. Por lo tanto, servicios muy eficaces, que responden perfectamente a su cometido social y educativo, con prestigio social y profesional y nunca cuestionados, ni por la Fiscalía y Juzgados de Menores ni por los anteriores ejecutivos del gobierno aragonés. Por ello es sin duda inexplicable que el gobierno aragonés pretenda o facilite la vía para su privatización.

Desde el CATA condenamos los procesos de privatización de los servicios públicos y especialmente de los servicios sociales que afectan a la población más vulnerable, privatizaciones que solo pueden pretender la mercantilización del sector público y la dejación de responsabilidad social sobre competencias en “Menores”, que “no dan votos”, que pueden ser “conflictivas” y sin embargo implican la necesidad de mantener equipos profesionales muy especializados, con continuidad y garantistas de los derechos de los menores y las víctimas.

Exigimos al Gobierno de Aragón políticas públicas que construyan sociedades más justas y sostenibles. Para ello es necesario poner límites a las privatizaciones en todas sus formas, fomentando una mayor inversión en los servicios públicos. Contra la falsa opinión de que la gestión privada es más eficiente hay que declarar que no existe estudio empírico que demuestre de forma fiable que las privatizaciones de servicios públicos supongan una mayor eficiencia y calidad de los servicios, ni tan siquiera un aumento de la competencia. Por el contrario, la realidad resultante de los procesos de privatización  implican la pérdida del control democrático de los servicios, pérdida de calidad en la prestación, dejación de las responsabilidades públicas, precarización de las condiciones de trabajo (bajos salarios, inestabilidad laboral, recurso habitual a contratos basura, falta de formación específica de los trabajadores, falta de continuidad en el puesto de trabajo, pérdida de garantías en los derechos laborales), cambios drásticos en la gestión y funcionamiento de centros o servicios con el cambio de  la entidad gestora, y en el caso que nos ocupa falta de control real sobre la situación de los menores por parte de la institución y ejercicio de la “autoridad” por personal privado.

La Orden CDS/2042/2017 pretende regularizar la prestación de servicios sociales básicos mediante la acción concertada con entidades privadas sin ánimo de lucro. Estas entidades privadas  funcionan en la práctica como verdaderas empresas con todas las lacras de la actividad empresarial especulativa: falta de transparencia, elites dirigentes con elevadas retribuciones, trabajadores con condiciones laborales precarias, clientelismo político, resistencias a la supervisón pública de la actividad desarrollada o inexistencia de control por parte de la administración, indefensión de los derechos de los usuarios, acceso a los puestos de trabajo por afinidades ideológicas con la entidad gestora,  afectando a los principios básicos de igualdad de acceso, mérito profesional y publicidad del puesto de trabajo. Además este tipo de acciones concertadas se caracterizan por llevarse a cabo de espaldas a los ciudadanos, en el más absoluto secretismo y vulnerando los más elementales principios democráticos de información o participación y en Aragón se caracterizan por recaer en redes clientelares de fundaciones o asociaciones con entramados y elites dirigentes estrechamente vinculadas a los partidos gobernantes. 

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales justifica la Orden como desarrollo de los planteamientos de la ley aragonesa 11/2016, que a su vez emana de lo regulado en la Directiva Europea 2014/24/UE sobre contratación pública, pero dicha directiva reconoce expresamente que los gobiernos “siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios”. Los servicios que se pueden concertar, en la práctica privatizar, son servicios a las personas y en el caso que nos ocupa de personas en situación de gran vulnerabilidad, muchos de ellos menores en situación de riesgo social y sobre los que se ejerce la responsabilidad pública de forma directa desde la creación de estos servicios con indudable reconocimiento profesional y social sin que nadie, hasta la fecha, ponga en duda la necesidad de seguir gestionando directamente estos servicios.

Por todo ello desde el Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA) exigimos la derogación o corrección de la Orden CDS/2042/2017, de 30 de noviembre,  por la que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón por suponer una puerta abierta a la privatización total de los servicios sociales en Aragón y en especial de los servicios socioeducativos para la intervención con menores en conflicto social y por ello una dejación de responsabilidades públicas en materias sociales muy sensibles y donde el Gobierno de Aragón y el IASS en particular, han sido testigos de gestiones de servicio muy lesivas para los menores, los profesionales y la credibilidad de las propias instituciones.