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viernes, 26 de octubre de 2018

Adjudicación Provisional Accesos de personal laboral 26/10/2018


Adjudicación Provisional
Accesos de personal laboral
26.10.2018

Se de publicidad a la Resolución de 25 de octubre de 2018 , de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se hace pública la relación de candidatos admitidos y excluidos para la provisión, por el turno de acceso a otra categoria profesional de los puestos de trabajo de personal laboral, el listado de puntuaciones y se adjudican los puestos de manera provisional.

Resolución Provisional Turno de Acceso   
por la que se hace pública la relación de candidatos admitidos y excluidos para la provisión por el turno de acceso a otra categoría profesional de los puestos de trabajo de carácter permanente de personal laboral y se adjudican los puestos convocados con carácter provisional.

Anexo con las puntuaciones


Listado adjudicaciones provisionales




martes, 16 de octubre de 2018

Rueda de prensa y comparecencia del CATA en las Cortes de Aragón


El próximo día 16 de octubre CATA comparece ante la Comisión de Derechos Sociales y Ciudadanía de las Cortes de Aragón para informar
del grave quebranto en la atención socieducativa a los menores infractores y a sus víctimas que supone estos recortes de personal educativo
y la necesidad de la urgente elaboración de un Plan Integral de Infancia y Adolescencia que garantice una adecuada planificación de los servicio
 y su adecuación a las necesidades de los menores.


Enlace de la rueda de prensa del CATA en las Cortes de Aragón con el apoyo de los grupos parlamentarios de Podemos e IU.


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Vídeo rueda de prensa en las Cortes de Aragón.
1 archivo  2018_10_15_RP_PODEMOS_IU_20181015111113.mp4 

RUEDA DE PRENSA CATA


R U E D A   D E   P R E N S A 




EL SINDICATO COLECTIVO ASAMBLEARIO DE TRABAJADORES DE ARAGÓN DENUNCIA LOS RECORTES EN LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DEL IASS Y EXIGE UN PLAN INTEGRAL DE LA INFACIA Y ADOLESCENCIA
 
El Sindicato Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA), con representación Comité de Empresa de Zaragoza  del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, denuncia que el Gobierno de Aragón, y en concreto la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, que ocupa María Victoria Broto, ha recortado de nuevo los Equipos Educativos del Área de Atención al Menor en Conflicto Social, pertenecientes al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En concreto recorta un 25% de la plantilla del Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años (EMCA) y un 14% el Equipo Educativo de Medio Abierto (EMA). Son Equipos que ya sufrieron recortes de personal en la anterior legislatura con motivo de los recortes propiciados por la crisis. Así que podemos decir que llueve sobre mojado y precariza lo que ya estaba precarizado.
 
Se trata sin duda del “Desguace” casi definitivo del Área de Atención al Menor en Conflicto Social, que no podrá asumir sus responsabilidades y que inevitablemente lo conducirá hasta una privatización del servicio. La intervención socioeducativa de estos equipos es de enorme importancia social y se realiza con infancia en riesgo, especialmente sensible al tratarse de menores infractores con los que se interviene en su propio entorno. Unos recortes de tal magnitud solo pueden derivar en  intervención educativa ineficaz que supondría  la mayor reincidencia de los menores y por ello la posibilidad de la aplicación de medidas judiciales de internamiento, medidas que deben de ser, como así lo establece la ley, la última alternativa por su riesgo emocional y de desarraigo para el menor  y un mayor sufrimiento para sus familias. 
 
Quienes son, que hacen los equipos educativos EMA y EMCA
Los educadores sociales del Área de Atención al Menor en Conflicto desarrollan también una labor esencial en la aplicación de la justicia restaurativa, en la mediación entre los menores y sus víctimas, con indudable éxito. En la mediación, el trabajo socioeducativo con las víctimas es de gran importancia ya que muchas de ellas se encuentran en situación de  vulnerabilidad, con el trauma de haber sido violentadas, y en especial las víctimas más vulnerables como pueden ser otros  menores de edad en convivencia próxima con los menores infractores. Son por ello intervenciones cortas en el tiempo pero de gran esfuerzo y dedicación para lograr el correcto afrontamiento de la infracción por el menor y la restitución adecuada  a su víctima, logrando así el objetivo de esta justicia positiva con beneficios para ambos. La precarización de la plantilla de educadores sociales en el Área redundará sin duda en una pérdida de calidad en estas acciones mediadoras y reparadoras en perjuicio de los menores y sus víctimas y provocando por ello en el incremento de medidas judiciales.
 
Estos equipos educativos, en concreto el EMCA, realiza también una labor de prevención especializada en la comisión de delitos por parte de menores, evitando así un mayor coste social y personal tanto en los menores como sus familias o sus víctimas. El conocimiento de la ley, de sus límites, de las consecuencias de su infracción y de los derechos y deberes de los menores, son fundamentales para prevenir las conductas infractoras en una franja de edad donde los menores empiezan a ser autónomos en su disfrute del tiempo libre, en la elección de amistades y en las relaciones con la sociedad en general. Esta labor a favor  de una infancia informada y con un pensamiento prosocial consecuente con los límites de la ley, son los cimientos de una infancia responsable y respetuosa con el ordenamiento que como sociedad hemos establecido y, por ello, el pilar de una sociedad más justa  donde el valor de lo común y del respeto al otro queda reforzado.
 
No ha importado tampoco que se trate de  dos Equipos Educativos punteros a nivel nacional y con gran reconocimiento social de su labor educativa con menores infractores y con sus víctimas:
 
 - El Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años (EMCA) es el primer equipo de estas características que surgió en el Estado español y que sirve de modelo a los equipos similares que se han o están desarrollando en el resto de comunidades autónomas. Somos pioneros y referentes estatales con un modelo propio que desarrolla la intervención educativa sobre tres pilares: el menor y su entorno, el delito y, especialmente,  la víctima.
 
- El Equipo Educativo de Medio Abierto (EMA) es uno de los equipos educativos que a nivel estatal más ha apostado por la justicia restaurativa, especialmente desde la implantación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor. Ya desde el año 2001 las mediaciones entre los menores que han cometido los delitos y sus víctimas suponen la mitad de las intervenciones educativas que realizan los educadores sociales del Equipo, y en el año 2016 batieron el récord: realizaron el mayor número de mediaciones-reparaciones de todo el estado español.
 
Ambos Equipos Educativos gozan de gran reconocimiento social y profesional, tanto entre el resto de agentes educativos, de servicios sociales, de  salud o comunitarios, como por parte de la Fiscalía y Juzgados de Menores, como así lo manifiestan en distintos informes. En el año 2014 los Equipos Educativos de Medio Abierto y el Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años recibieron la Distinción Luis Pinilla por su labor educativa con jóvenes. Con ocasión de la entrega de esta distinción su presidente manifestó: “La concesión de la Distinción Luis Pinilla a los Equipos de Medio Abierto y al Equipo de Atención Educativa a Menores de Catorce Años en reconocimiento a su excelente, callada y constante labor en la difícil y a la vez esperanzadora tarea de reinsertar en la sociedad a jóvenes con problemas con la justicia”


Plantilla idónea de educadores del los equipos educativos del Área de Menores en Conflicto Social
Nos tenemos que remostar al año al año 2011 donde se estableció una plantilla equilibrada y acorde, tanto con la carga de trabajo, como con la organización territorial de este servicio. En ese momento el Área contaba con 16 educadores sociales en el EMA, distribuidos en cuatro equipos que correspondían a las cuatro zonas territoriales de actuación en las que se dividió la ciudad y la provincia de Zaragoza. Cada zona contaba con cuatro educadores que intervenían con menores en una de las zonas urbanas (Zona 1: barrios de la Margen Izquierda de Zaragoza, y zona norte de la provincia -Zuera, Ejea, Tauste, etc.-; Zona 2: barrios del Centro y Almozara y zona sur de la provincia- Calatayud, Daroca, etc.-; Zona 3:  barrios de Torrero, Las Fuentes, San José, la Paz y zona este de la provincia- Caspe, Quinto, Fuentes, etc.-;  Zona 4: barrios de Delicias, Valdefierro, Oliver, Valdespartera y zona oeste de la provincia-Tarazona, Borja, etc.-). Esta plantilla respondía al esfuerzo y adaptación que supuso la aplicación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORRPM) desde el año 2002. Parte de esta plantilla, en concreto cuatro educadores sociales, tenían contratos supeditados a un convenio con el Estado para la aplicación de la LORRPM, contrato que se suprimió en el año 2012 con los recortes por la crisis financiera. El año anterior el equipo ya había sufrido el recorte de un educador al ser nombrado para un puesto de asesor de la Consejería sin ser cubierta su plaza, quedando la platilla en 11 educadores. Este recorte drástico de la plantilla se solventó por la solidaridad  entre los equipos del Área, de forma que los educadores del otro equipo, El EMCA, asumieron casos del EMA y suspendieron temporalmente uno de los programas educativos que tiene como objetivo la prevención de conductas infractoras de los menores de 14 años. En el 2015 y 2016 se recuperan dos educadores, paliando en parte la situación de precariedad, pero no completando la plantilla adecuada para la carga y la distribución del trabajo.
El Área cuenta también desde el 2002 con un equipo educativo específico para la intervención con menores de 14 años infractores a la ley, el Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 años (EMCA). El EMCA va aumentando su  plantilla hasta el 2007 donde llega a los cuatro educadores sociales, completando así una  plantilla capaz y que ha desarrollado de forma pionera la intervención con los menores de 14 años infractores, creando programas específicos y desarrollando su labor, tanto con los infractores y víctimas, como con población general para prevenir dichas conductas. Como se indicaba en el párrafo anterior, en el año 2012 y como consecuencia de los recortes de personal en el EMA se asumen casos de este equipo y se suspenden temporalmente las actividades preventivas con población general. Situación  de apoyo que se prolonga hasta el 2015, recuperando progresivamente  la totalidad de programas educativos cuando el apoyo al EMA  es menor.

Recortes de plantilla en la actual legislatura
En enero de 2016 se jubila el Jefe de Área y el IASS decide que, tanto el sustituto, como la persona que se jubila, pasen a realizar su trabajo en la Gerencia del IASS. La Jefatura del Área es ocupada por un educador del EMA cuya plaza no es reemplazada. Desde el Sindicato CATA se mantienen reuniones con la Secretaría General del IASS y con Función Pública y se nos “promete” la creación de una Jefatura de Sección que sustituiría al actual Jefe de Área. De momento, en la práctica, contamos con un educador menos porque su relevista fue destinado desde el primer momento a los servicios de protección.
En enero de 2018 se prejubila el educador que optó a la Jefatura del Área y su educador relevista es destinado a los equipos de Prevención y Protección de la Subdirección de Infancia y Tutela. La administración argumenta que no se recorta el equipo ya que el relevado ha optado por acumular los periodos de trabajo y permanecerá en su puesto hasta enero de 2019. En la práctica se trata de un recorte en diferido que, de no transformarse el Área en una jefatura de  sección, se perdería dicha plaza.
En mayo de 2018 la Dirección Provincial de Zaragoza convoca a representantes de los equipos y les comunica que en el caso del siguiente educador social que se prejubilaba, en junio y esta vez del EMCA, el educador relevista pasaría a los equipos de protección de la Subdirección Provincial y en la otra prejubilación  prevista para octubre sucedería lo mismo (este último recorte finalmente no se ha producido). La administración argumentó que necesitaba dos educadores para la creación de un centro de atención a menores migrantes no acompañados (MENAS) y educadores sociales para los equipos de intervención familiar. Por cierto, el IASS ha contratado recientemente un equipo con dos educadores para atender a menores MENAS por lo que dejan de tener ninguna justificación los recortes ejecutados en el Área. Desde la representación de los trabajadores se argumentó que la carga de trabajo de los equipos del Área de Menores en Conflicto no ha disminuido y que no se entiende que todos los recortes de personal se realicen en los mismos equipos y no distribuyendo los recortes en la totalidad de equipos y servicios educativos de la Subdirección. Tampoco se nos dio ningún tipo de directriz para asumir el recorte de personal, ni a nivel organizativo, ni de distribución de  cargas o territorial. Se deja al albur de los propios equipos educativos la solución a la precarización de personal.


Exigimos la restitución de la plantilla y un planificación seria 
 
El recorte se produce aprovechado un proceso de  prejubilaciones de varios de sus miembros y la creación, sin planificación alguna, de otros servicios sin incremento de personal especializado.  Para la creación de nuevos servicios se necesita una planificación seria que prevea tanto la evolución de las necesidades de los menores como la capacidad del sistema para abarcar estas necesidades. Desde el 2001 la Ley de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, en su artículo 87 y siguientes,  obliga  a la existencia de un Plan Integral de Atención a la Infancia y la Adolescencia  como “instrumento básico para la planificación, ordenación y coordinación de los recursos, objetivos y actuaciones que en materia de infancia y adolescencia se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón”. El único Plan Integral fue elaborado en la legislatura pasada, ya caducado y no evaluado. Tampoco ha sido convocada, en estos tres años de legislatura, la obligada Comisión de seguimiento del Plan Integral. Por ello se suceden decisiones a “salto de mata” sin una planificación de todo el sistema y sin basar las decisiones en informes valorativos de necesidades o cargas de trabajo, dejando la decisión en el criterio de la Dirección Provincial de turno. 

El próximo día 16 de octubre el CATA comparece ante la Comisión de Derechos Sociales y Ciudadanía de las Cortes de Aragón para informar del grave quebranto en la atención socieducativa a los menores infractores y a sus víctimas que supone estos recortes de personal educativo y la necesidad de la urgente elaboración de un Plan Integral de Infancia y Adolescencia que garantice una adecuada planificación de los servicios y su adecuación a las necesidades de los menores.



COLECTIVO ASAMBLEARIO DE TRABAJADORES DE ARAGÓN (CATA)

C/ Sixto Celorrio 13, local. Tfno: 976374373 y 645163348
Email: cata.dga@gmail.com


lunes, 15 de octubre de 2018

CATA en TV ARAGÓN 15/10/2018

CATA en TV ARAGON defendiendo la plantilla y el trabajo de sus compañeros .
15/10/2018








Los educadores de menores en el medio abierto piden que no se recorte personal Heraldo de Aragón 15/10/2018

Los educadores de menores en el medio abierto piden que no se recorte personal.

Los educadores que trabajan con menores en el medio abierto, tanto los equipos que se encargan de los mayores de 14 años, como de los menores de esa edad, han reclamado al Gobierno de Aragónplanificación y que no se apliquen más recortes de personal en la Comunidad.
Así lo ha señalado en rueda de prensa el educador y miembro del sindicato Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón, Pascual Jiménez, que ha comparecido junto con el miembro de la sección sindical de esta organización en la Administración autonómica, José Ignacio Diest, la diputada de Podemos, Amparo Bella, y la diputada de IU, Patricia Luquin.
Amparo Bella ha explicado que este colectivo comparecerá este martes en el Parlamento regional para informar sobre "las deficiencias del servicio de atención a menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y la falta de desarrollo de los planes de infancia y adolescencia", al tiempo que ha respaldado su reivindicaciones.
La diputada de IU, Patricia Luquin, también ha apoyado a los trabajadores que atienden a los menores en la Comunidad, un ámbito por el que su formación "se ha preocupado a lo largo de esta legislatura" y respecto al que ha planteado la necesidad de planificar "a corto y medio plazo".
Pascual Jiménez, uno de los integrantes de estos equipos de educadores sociales, ha relatado que en la provincia de Zaragozael equipo que trabaja en la atención a menores de 14 años estaba formado por cuatro de estos profesionales, "y nos han dejado en tres".
Ha añadido que los equipos denominados de medio abierto -que trabajan con mayores de 14 años- contaban con 16 profesionales en 2011 y actualmente hay 13 "y los iban a dejar en 12", si bien finalmente no será así. Según ha detallado, estos últimos se dividen en equipos de cuatro personas a los que se les asigna una zona de la ciudad de Zaragoza y otra de la provincia.
Carga de trabajo
Jiménez ha manifestado que al principio de esta legislatura "se restituyó" parte de las cuatro plazas de educadores que había suprimido el PP en el anterior mandato, pero ahora "nos están recortando", a pesar de que "la carga de trabajo no ha disminuido". En concreto, ha indicado que los equipos de medio abierto atienden a unos 800 menores al año y el de menores de 14 años entre 200 y 300.
Este profesional ha señalado que tanto los educadores de medio abierto, como los que atienden a los de menos de 14 años trabajan con "menores en conflicto social" que cometen infracciones o delitos en la Comunidad.
El equipo de medio abierto se encarga de tareas como la libertad vigilada, los servicios a la comunidad, tratamientos ambulatorios y tareas socioeducativas y tiene "bastante reconocimiento" por parte de la Fiscalía y el Juzgado de Menores.
"Somos uno de los equipos que menor reincidencia tiene en todo el Estado español y que ha apostado por la justicia restaurativa, llegando a acuerdos entre víctimas e infractores en todas las denuncias que no son importantes y que no tienen riesgo hacia las personas".
Al respecto, ha precisado que la mitad del trabajo que realizan se centra en esa tarea de reparación y por tanto se atiende tanto a los menores infractores, como a las víctimas, que en un 40 por ciento de los casos también son menores.
En este punto, Pascual Jiménez ha advertido de que "la falta de eficacia" de su trabajo por carencia de personal "supone que se reincide más y la estructura penal va a ser más dura con quien lo hace y va a acabar en internamiento, que es lo que resulta más caro a la Comunidad".
Este educador ha comentado que en 2016 fueron "líderes en justicia restaurativa en todo el Estado", un servicio que el pasado 2 de octubre cumplió 20 años, y "que todo el mundo reconoce que es eficaz y, sin embargo, nos recortan".
Atención a menores de 14
Pascual Jiménez ha recalcado que el equipo que trabaja en la atención a menores de 14 años es "pionero y referente en España" ya que es el primero que se creó de estas características. Según ha aclarado, la legislación se centra en la atención a aquellos menores que tienen riesgo de abandono y maltrato, que en el caso de los menos infractores supone un 5 por ciento.
El objetivo de este equipo es atender a quienes no tienen esos factores de riesgo, pero han cometido una infracción, que habitualmente no son graves y que muchas veces se deben al desconocimiento de la normativa. En este caso, también se atiende tanto al infractor, como a la víctima.
Jiménez ha comentado que tras constatar que "muchos delinquen porque desconocen la ley", se han creado unidades formativas que dan sesiones en centros de secundaria, que el curso pasado llegaron a 5.000 menores, pero que ahora no se van a poder impartir por contar con un profesional menos.
Ha lamentado que a pesar de que hacen un trabajo "eficaz" y de que el número de casos no ha descendido, se ha producido reducción de personal, para plantear que si es necesario atender a los menores inmigrantes no acompañados o a los acogimientos especiales, el trabajo se reparta entre todos los educadores y no solo repercuta en quienes "realizamos atención directa" porque eso implica "cargarnos un sistema que funciona".
A su entender, este modo de proceder "refleja que en materia de menores no hay ningún tipo de planificación" y ha recordado que hasta 2010 no se hizo un plan integral del menor en Aragón, que estaba previsto hasta 2014, si bien "se metió en un cajón cuando llegó la crisis" y esta legislatura "seguimos sin plan y haciendo las cosas a salto de mata, sin un criterio técnico adecuado".
Ha apostillado que el estudio realizado para conocer el estado de la situación y las necesidades en menores en la Comunidad "no es un plan integral" ya que este también requiere concretar medidas y establecer un calendario, entre otras cosas.
Sistema vulnerable
Pascual Jiménez ha subrayado que el sistema de atención a los menores "es muy vulnerable", se trabaja con una población "en estado crítico a la que hay que proteger" y "no la podemos tener al vaivén del gobierno de turno o de lo que se planifique en un momento determinado".
Estos educadores han planteado una queja al Justicia de AragónÁngel Dolado, y han mantenido dos reuniones con la gerencia del IASS y con la dirección provincial, si bien no han sido recibidos por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno autonómico, María Victoria Broto, a quien han solicitado una entrevista.

HERALDO DE ARAGÓN 

Trabajadores de Atención a Menores denuncian recortes sin planificación EL PERIODICO DE ARAGON 15/10/2018

Trabajadores de Atención a Menores denuncian recortes sin planificación

Así lo ha puesto de manifiesto el delegado sindical en el comité de empresa del CATA (Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón), Pascual Jiménez, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a su compañero José Ignacio Diest y las diputadas Amparo Bella (Podemos) y Patricia Luquin (IU).



EFE 15/10/2018

Los representantes de los trabajadores del servicio de Atención a Menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales han denunciado hoy recortes de personal sin justificación por parte del Gobierno autonómico y sin que exista una planificación previa que lo aconseje.
Así lo ha puesto de manifiesto el delegado sindical en el comité de empresa del CATA (Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón), Pascual Jiménez, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a su compañero José Ignacio Diest y las diputadas Amparo Bella (Podemos) y Patricia Luquin (IU).
Se trata de una comparecencia previa a la que Diest y Jiménez mantendrán mañana en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos para exponer a los diputados las consecuencias que en los menores, víctimas y en la propia Justicia tiene la reducción de la plantilla en los servicios de atención a menores de 14 años y en Medio Abierto (14 a 18 años).
Unos recortes que, ha recordado Jiménez, comenzaron con el PP en la pasada legislatura y que supusieron la pérdida de cuatro trabajadores que el PSOE había restituido en parte en esta nueva.
Se trata de un equipo con "mucha experiencia pero envejecido" por lo que ahora se han aplicado políticas de prejubilación que han supuesto una reducción del personal del 25 % en menores de 14 años y del 14 % en medio abierto, según el delegado sindical.
La situación actual es de tres trabajadores en menores de 14 años, uno menos, y de 13 educadores (antes 16) más un jefe de área "provisional" en medio abierto, que tienen que hacer frente a más de doscientos y unos 800 casos al año, respectivamente.
La primera consecuencia ha sido la de suprimir las charlas preventivas en los centros educativos, unas sesiones con las que, ha señalado Jiménez, se enseña a los menores a diferenciar entre la legalidad e ilegalidad dado que a estas edades "delinquen porque desconocen la ley".
Pero además, ha subrayado que cuando se recorta en educadores se recorta la atención a los menores pero también a las víctimas puesto que uno de los métodos por los que ha apostado el colectivo de trabajadores del Servicio de Atención a Menores es la "justicia restaurativa", que promueve acuerdos entre las víctimas y los infractores y que les ha convertido en un equipo "puntero" en todo el Estado.
Si se reduce la atención, ha asegurado, los menores "reinciden más" y por tanto hay un mayor número de internamientos y un incremento del gasto.
"Pese a ser dos equipos punteros, la comunidad autónoma no nos tiene en cuenta" ha denunciado Jiménez quien asegura que la plantilla no entiende por qué se les recorta.
A su juicio, el problema es la "falta de planificación" y de un plan integral consensuado que permita saber cuáles son las necesidades de esos menores, cuántos son y cuántos equipos se necesitan.
Y es que el representante de los trabajadores no admite que la administración aduzca la necesidad de equipos para atender a menores acogidos porque no es una situación "que haya surgido ahora" y "se tenía que haber asumido en nuevas creaciones de empleo", o a inmigrantes porque es una prestación que ahora va a asumir el Estado pero no ha supuesto una restitución de la plantilla.
"Si se quita todo del mismo saco lo que hace es precarizar", ha advertido Jiménez, quien insiste en que los "vaivenes" son fruto de una "falta de planificación adecuada".

martes, 24 de julio de 2018

A C C E S O S 2018 PERSONAL LABORAL





CONVOCATORIA DE ACCESOS PERSONAL LABORAL DGA

Fecha de publicación en BOA: 23/07/2018

El plazo de presentación de solicitudes es desde el 3 de septiembre al 21 de septiembre de 2018.

Las solicitudes se confeccionarán a través de la aplicación informática ubicada en la web de la Dirección General de la Función Pública: del Portal del Empleado, o directamente a través de la página web https://aplicaciones.aragon.es/sip/. Una vez cumplimentada la solicitud deberá ser impresa y se dirigirá a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, a través de las unidades de registro de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO II

ANEXO IV

viernes, 8 de junio de 2018

FIRMA EN change.org CONTRA LOS RECORTES EN EL I.A.S.S.


FIRMA LA PETICIÓN PARA EVITAR MÁS RECORTES EN EL I.A.S.S.
Clicka en la imagen


No a los nuevos recortes en Servicios Sociales en Aragón

No a los nuevos recortes en Servicios Sociales en Aragón






El Gobierno de Aragón, y en concreto la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, que ocupa María Victoria Broto, ha recortado de nuevo los Equipos Educativos del Área de Menores en Conflicto Social, pertenecientes al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En concreto recorta un 25% de la plantilla del Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años (EMCA) y un 14% el Equipo Educativo de Medio Abierto (EMA) y anuncia que, a finales de año, el recorte supondrá como mínimo el 28%. Son Equipos que ya sufrieron recortes de personal en la anterior legislatura con motivo de los recortes propiciados por la crisis. Así que podemos decir que llueve sobre mojado y precariza lo que ya estaba precarizado.
Se trata sin duda del “Desguace” casi definitivo del Área de Menores en Conflicto Social, que no podrá asumir sus responsabilidades con un nivel de calidad y que inevitablemente lo conducirá hasta una privatización del servicio, que ávidamente espera el tejido empresarial o de “ONGs” que ya gestionan una parte muy importante del sistema aragonés de atención al menor.
No ha importado que se trate de dos Equipos Educativos punteros a nivel nacional y con gran reconocimiento social de su labor educativa con menores infractores y con sus víctimas:
- El Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años (EMCA) es el primer equipo de estas características que surgió en el Estado español y que sirve de modelo a los equipos similares que se han desarrollado o están desarrollando en el resto de comunidades autónomas. Somos pioneros y referentes estatales con un modelo propio que desarrolla la intervención educativa sobre tres pilares: el menor y su entorno, el delito y, especialmente, la víctima.
- El Equipo Educativo de Medio Abierto (EMA) es uno de los equipos educativos que a nivel estatal más ha apostado por la justicia restaurativa, especialmente desde la implantación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor. Ya desde el año 2001 las mediaciones entre los menores que han cometido los delitos y sus víctimas suponen la mitad de las intervenciones educativas que realizan los educadores sociales del Equipo, y en el año 2016 batieron el récord: realizaron el mayor numero de mediaciones-reparaciones de todo el estado español.
Ambos Equipos Educativos gozan de gran reconocimiento social y profesional, tanto entre el resto de agentes educativos, de servicios sociales, de salud o comunitarios, como por parte de la Fiscalía y Juzgados de Menores, como así lo manifiestan en distintos informes. En el año 2014 los Equipos Educativos de Medio Abierto y el Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años recibieron la Distinción Luis Pinilla por su labor educativa con jóvenes. Con ocasión de la entrega de esta distinción el Presidente de la Fundación manifestó: “La concesión de la Distinción Luis Pinilla a los Equipos de Medio Abierto y al Equipo de Atención Educativa a Menores de Catorce Años en reconocimiento a su excelente, callada y constante labor en la difícil y a la vez esperanzadora tarea de reinsertar en la sociedad a jóvenes con problemas con la justicia”
El recorte se produce aprovechado un proceso de jubilaciones anticipadas de varios de sus miembros y la creación, sin planificación alguna, de nuevos servicios sin incremento de personal especializado. Para la creación de nuevos servicios se necesita una planificación seria que prevea tanto la evolución de las necesidades de los menores como la capacidad del sistema para abarcar estas necesidades. Desde el 2001 la Ley de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, en su artículo 87 y siguientes, obliga a la existencia de un Plan Integral de Atención a la Infancia y la Adolescencia como “instrumento básico para la planificación, ordenación y coordinación de los recursos, objetivos y actuaciones que en materia de infancia y adolescencia se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. El único Plan Integral fue elaborado en la legislatura pasada, ya caducado y no evaluado. Tampoco ha sido convocada, en estos tres años de legislatura, la obligada Comisión de seguimiento del Plan Integral. Por ello se suceden decisiones a “salto de mata” sin una planificación de todo el sistema y sin basar las decisiones en informes valorativos de necesidades o cargas de trabajo, dejando la decisión en el criterio de la Dirección Provincial de turno.
Por ello solicitamos tu firma para reclamar al Departamento de Derechos Sociales y Ciudadanía del Gobierno de Aragón el mantenimiento de las plantillas de educadores sociales del Equipo Educativo de Medio Abierto (EMA) y del Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años (EMCA) y la elaboración de un Plan Integral de Infancia y Adolescencia que garantice una adecuada planificación de los servicios y su adecuación a las necesidades de los menores.



martes, 22 de mayo de 2018

2018 TURNO DE RESULTAS PERSONAL LABORAL Adjudicación definitiva BOA 30/05/2018




PERSONAL LABORAL DGA

Turno de Resultas de Traslados

 Adjudicación definitiva

(22/05/2018) Se da publicidad a la Resolución de 17 de mayo de 2018 , de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se adjudican los puestos convocados con carácter definitivo. Con esta misma fecha se remite al Boletín Oficial de Aragón para su publicación el día 30 de mayo de 2018.


Resolución de Adjudicación 


Puntuación definitiva


Listado de adjudicación 




lunes, 30 de abril de 2018

(26-04-2018) 1º de mayo 2018. Manifestación a las 12 horas desde Plaza de Salamero. Ni un paso atrás, ni un derecho menos. Por el cambio del actual modelo social y económico. Por una carta social para Aragón.
El 1º de Mayo siempre ha sido  una jornada reivindicativa de la clase trabajadora, en la que hacemos memoria de  las  luchas sostenidas  durante todo el año en defensa de los derechos laborales y  sociales, que están siendo desmantelados por parte de unos  poderes políticos y económicos corruptos, que  defienden un sistema inviable por más tiempo para las personas y el planeta.
En Aragón se está produciendo una total destrucción de nuestro tejido productivo propio.
Falta de inversión pública.
Desmantelamiento de los servicios esenciales para la ciudadanía.
Tenemos que movilizarnos para conseguir una Carta de derechos sociales para Aragón que suponga nuevo modelo social y económico para Aragón.
Para conseguir estos objetivos Necesitamos cuotas de mayor autogobierno aragonés.
Manifestación día 1 de mayo, saldrá a las 12 horas desde Plaza de Salamero, hasta Plaza de la Seo.
Colla Sindical Aragonesa: CATA, CUT, ISTA, SASA. Comunicado. LEER MAS.

miércoles, 17 de enero de 2018

NOTA DE PRENSA. Privatización Total de los Servicios Sociales Aragoneses




NOTA DE PRENSA





EL SINDICATO CATA DENUNCIA LA PUBLICACIÓN DELA HERRAMIENTA LEGAL NECESARIA” PARA LA PRIVATIZACIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES ARAGONESES

LA PUBLICACIÓN DE LA ORDEN CDS/2042/2017  DEL DEPARTAMENTO DE CIUDADANIA Y DERECHOS SOCIALES QUE ESTABLECE EL “CABALLO DE TROYA” NECESARIO PARA LA PRIVATIZACIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES ARAGONESES

Desde el Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA), denunciamos que el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón abre la “barra libre” para la privatización total de los servicios sociales. El pasado 12 de diciembre se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón la Orden CDS/2042/2017 por la que se regula la acción concertada en materia de servicios sociales y que permite privatizar la totalidad de servicios del Catálogo de Servicios Sociales competencia del Gobierno de Aragón.

Esta Orden contradice las últimas decisiones que ha tomado el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales en materia de Protección de Menores reorganizando y recuperando la gestión pública del Centro de Observación y Acogida (COA), tras la desastrosa gestión de las últimas entidades privadas que lo administraron y la valoración de la “no idoneidad” de gestión externa por parte del propio Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Esta situación parece indicar dos rumbos distintos y opuestos entre los organismos encargados de la gestión de los servicios sociales, el IASS por una parte y por otra el Departamento del cual depende, el de Ciudadanía y Derechos Sociales. La falta de planificación y de coherencia que siempre ha persistido en los servicios sociales aragoneses parece que no tiene fin y a los desencuentros habituales entre Gobierno de Aragón y las Comarcas o Ayuntamiento de Zaragoza, o la alternancia antagónica entre modelos de gestión social entre gobierno de PP y PSOE, ahora nos enfrentamos a criterios distintos entre un Departamento y su propio organismo responsable de la gestión de los servicios sociales, el IASS.

En el Anexo de la Orden mencionada se enumeran como posibles servicios susceptibles de “acción concertada”, gestión privada de los servicios en la práctica, todos los contemplados en el “Catálogo de Servicios Sociales” del IASS. Servicios que en la mayoría de los casos ya se encuentran con gestión privada pero esta vez se añaden todos los referentes a la acciones educativas con los menores infractores en medio abierto, como pueden ser: Servicio de intervención con infractores menores de 14 años en el ámbito de protección, Servicios de mediación y reparación para menores infractores y Servicio de ejecución de medidas judiciales en medio abierto. Se trata de servicios donde se ha realizado tradicionalmente una gestión directa por parte del Gobierno aragonés con independencia del color político de su ejecutivo. Servicios todos ellos realizados por empleados públicos y con un valoración muy positiva, tanto del sistema de Justicia Juvenil, como de la sociedad aragonesa y que en algún caso son referente estatal de intervención socioeducativa. Por lo tanto, servicios muy eficaces, que responden perfectamente a su cometido social y educativo, con prestigio social y profesional y nunca cuestionados, ni por la Fiscalía y Juzgados de Menores ni por los anteriores ejecutivos del gobierno aragonés. Por ello es sin duda inexplicable que el gobierno aragonés pretenda o facilite la vía para su privatización.

Desde el CATA condenamos los procesos de privatización de los servicios públicos y especialmente de los servicios sociales que afectan a la población más vulnerable, privatizaciones que solo pueden pretender la mercantilización del sector público y la dejación de responsabilidad social sobre competencias en “Menores”, que “no dan votos”, que pueden ser “conflictivas” y sin embargo implican la necesidad de mantener equipos profesionales muy especializados, con continuidad y garantistas de los derechos de los menores y las víctimas.

Exigimos al Gobierno de Aragón políticas públicas que construyan sociedades más justas y sostenibles. Para ello es necesario poner límites a las privatizaciones en todas sus formas, fomentando una mayor inversión en los servicios públicos. Contra la falsa opinión de que la gestión privada es más eficiente hay que declarar que no existe estudio empírico que demuestre de forma fiable que las privatizaciones de servicios públicos supongan una mayor eficiencia y calidad de los servicios, ni tan siquiera un aumento de la competencia. Por el contrario, la realidad resultante de los procesos de privatización  implican la pérdida del control democrático de los servicios, pérdida de calidad en la prestación, dejación de las responsabilidades públicas, precarización de las condiciones de trabajo (bajos salarios, inestabilidad laboral, recurso habitual a contratos basura, falta de formación específica de los trabajadores, falta de continuidad en el puesto de trabajo, pérdida de garantías en los derechos laborales), cambios drásticos en la gestión y funcionamiento de centros o servicios con el cambio de  la entidad gestora, y en el caso que nos ocupa falta de control real sobre la situación de los menores por parte de la institución y ejercicio de la “autoridad” por personal privado.

La Orden CDS/2042/2017 pretende regularizar la prestación de servicios sociales básicos mediante la acción concertada con entidades privadas sin ánimo de lucro. Estas entidades privadas  funcionan en la práctica como verdaderas empresas con todas las lacras de la actividad empresarial especulativa: falta de transparencia, elites dirigentes con elevadas retribuciones, trabajadores con condiciones laborales precarias, clientelismo político, resistencias a la supervisón pública de la actividad desarrollada o inexistencia de control por parte de la administración, indefensión de los derechos de los usuarios, acceso a los puestos de trabajo por afinidades ideológicas con la entidad gestora,  afectando a los principios básicos de igualdad de acceso, mérito profesional y publicidad del puesto de trabajo. Además este tipo de acciones concertadas se caracterizan por llevarse a cabo de espaldas a los ciudadanos, en el más absoluto secretismo y vulnerando los más elementales principios democráticos de información o participación y en Aragón se caracterizan por recaer en redes clientelares de fundaciones o asociaciones con entramados y elites dirigentes estrechamente vinculadas a los partidos gobernantes. 

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales justifica la Orden como desarrollo de los planteamientos de la ley aragonesa 11/2016, que a su vez emana de lo regulado en la Directiva Europea 2014/24/UE sobre contratación pública, pero dicha directiva reconoce expresamente que los gobiernos “siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos esos servicios”. Los servicios que se pueden concertar, en la práctica privatizar, son servicios a las personas y en el caso que nos ocupa de personas en situación de gran vulnerabilidad, muchos de ellos menores en situación de riesgo social y sobre los que se ejerce la responsabilidad pública de forma directa desde la creación de estos servicios con indudable reconocimiento profesional y social sin que nadie, hasta la fecha, ponga en duda la necesidad de seguir gestionando directamente estos servicios.

Por todo ello desde el Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA) exigimos la derogación o corrección de la Orden CDS/2042/2017, de 30 de noviembre,  por la que se regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón por suponer una puerta abierta a la privatización total de los servicios sociales en Aragón y en especial de los servicios socioeducativos para la intervención con menores en conflicto social y por ello una dejación de responsabilidades públicas en materias sociales muy sensibles y donde el Gobierno de Aragón y el IASS en particular, han sido testigos de gestiones de servicio muy lesivas para los menores, los profesionales y la credibilidad de las propias instituciones.