Trabajadores de Atención a Menores denuncian recortes sin planificación
Así lo ha puesto de manifiesto el delegado sindical en el comité de empresa del CATA (Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón), Pascual Jiménez, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a su compañero José Ignacio Diest y las diputadas Amparo Bella (Podemos) y Patricia Luquin (IU).
EFE 15/10/2018
Los representantes de los trabajadores del servicio de Atención a Menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales han denunciado hoy recortes de personal sin justificación por parte del Gobierno autonómico y sin que exista una planificación previa que lo aconseje.
Así lo ha puesto de manifiesto el delegado sindical en el comité de empresa del CATA (Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón), Pascual Jiménez, en una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a su compañero José Ignacio Diest y las diputadas Amparo Bella (Podemos) y Patricia Luquin (IU).
Se trata de una comparecencia previa a la que Diest y Jiménez mantendrán mañana en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos para exponer a los diputados las consecuencias que en los menores, víctimas y en la propia Justicia tiene la reducción de la plantilla en los servicios de atención a menores de 14 años y en Medio Abierto (14 a 18 años).
Unos recortes que, ha recordado Jiménez, comenzaron con el PP en la pasada legislatura y que supusieron la pérdida de cuatro trabajadores que el PSOE había restituido en parte en esta nueva.
Se trata de un equipo con "mucha experiencia pero envejecido" por lo que ahora se han aplicado políticas de prejubilación que han supuesto una reducción del personal del 25 % en menores de 14 años y del 14 % en medio abierto, según el delegado sindical.
La situación actual es de tres trabajadores en menores de 14 años, uno menos, y de 13 educadores (antes 16) más un jefe de área "provisional" en medio abierto, que tienen que hacer frente a más de doscientos y unos 800 casos al año, respectivamente.
La primera consecuencia ha sido la de suprimir las charlas preventivas en los centros educativos, unas sesiones con las que, ha señalado Jiménez, se enseña a los menores a diferenciar entre la legalidad e ilegalidad dado que a estas edades "delinquen porque desconocen la ley".
Pero además, ha subrayado que cuando se recorta en educadores se recorta la atención a los menores pero también a las víctimas puesto que uno de los métodos por los que ha apostado el colectivo de trabajadores del Servicio de Atención a Menores es la "justicia restaurativa", que promueve acuerdos entre las víctimas y los infractores y que les ha convertido en un equipo "puntero" en todo el Estado.
Si se reduce la atención, ha asegurado, los menores "reinciden más" y por tanto hay un mayor número de internamientos y un incremento del gasto.
"Pese a ser dos equipos punteros, la comunidad autónoma no nos tiene en cuenta" ha denunciado Jiménez quien asegura que la plantilla no entiende por qué se les recorta.
A su juicio, el problema es la "falta de planificación" y de un plan integral consensuado que permita saber cuáles son las necesidades de esos menores, cuántos son y cuántos equipos se necesitan.
Y es que el representante de los trabajadores no admite que la administración aduzca la necesidad de equipos para atender a menores acogidos porque no es una situación "que haya surgido ahora" y "se tenía que haber asumido en nuevas creaciones de empleo", o a inmigrantes porque es una prestación que ahora va a asumir el Estado pero no ha supuesto una restitución de la plantilla.
"Si se quita todo del mismo saco lo que hace es precarizar", ha advertido Jiménez, quien insiste en que los "vaivenes" son fruto de una "falta de planificación adecuada".
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