Colectivo Asambleario de Trabajadores/as de Aragón CATA, es una Organización Sindical Asamblearia, donde cada opinión cuenta, donde eres tu quien decides, sin estructuras piramidales, sin liberados, donde el trabajador/a es dueño de si mismo.
martes, 25 de septiembre de 2018
martes, 24 de julio de 2018
A C C E S O S 2018 PERSONAL LABORAL
CONVOCATORIA DE ACCESOS PERSONAL LABORAL DGA
Fecha de publicación en BOA: 23/07/2018
El plazo de presentación de solicitudes es desde el 3 de septiembre al 21 de septiembre de 2018.
Las solicitudes se confeccionarán a través de la aplicación informática ubicada en la web de la Dirección General de la Función Pública: del Portal del Empleado, o directamente a través de la página web https://aplicaciones.aragon.es/sip/. Una vez cumplimentada la solicitud deberá ser impresa y se dirigirá a la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, a través de las unidades de registro de documentos del Gobierno de Aragón, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO II
ANEXO IV
viernes, 8 de junio de 2018
No a los nuevos recortes en Servicios Sociales en Aragón
No a los nuevos recortes en Servicios Sociales en Aragón
El Gobierno de Aragón, y en concreto la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales, que ocupa María Victoria Broto, ha recortado de nuevo los Equipos Educativos del Área de Menores en Conflicto Social, pertenecientes al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En concreto recorta un 25% de la plantilla del Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años (EMCA) y un 14% el Equipo Educativo de Medio Abierto (EMA) y anuncia que, a finales de año, el recorte supondrá como mínimo el 28%. Son Equipos que ya sufrieron recortes de personal en la anterior legislatura con motivo de los recortes propiciados por la crisis. Así que podemos decir que llueve sobre mojado y precariza lo que ya estaba precarizado.
Se trata sin duda del “Desguace” casi definitivo del Área de Menores en Conflicto Social, que no podrá asumir sus responsabilidades con un nivel de calidad y que inevitablemente lo conducirá hasta una privatización del servicio, que ávidamente espera el tejido empresarial o de “ONGs” que ya gestionan una parte muy importante del sistema aragonés de atención al menor.
No ha importado que se trate de dos Equipos Educativos punteros a nivel nacional y con gran reconocimiento social de su labor educativa con menores infractores y con sus víctimas:
- El Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años (EMCA) es el primer equipo de estas características que surgió en el Estado español y que sirve de modelo a los equipos similares que se han desarrollado o están desarrollando en el resto de comunidades autónomas. Somos pioneros y referentes estatales con un modelo propio que desarrolla la intervención educativa sobre tres pilares: el menor y su entorno, el delito y, especialmente, la víctima.
- El Equipo Educativo de Medio Abierto (EMA) es uno de los equipos educativos que a nivel estatal más ha apostado por la justicia restaurativa, especialmente desde la implantación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor. Ya desde el año 2001 las mediaciones entre los menores que han cometido los delitos y sus víctimas suponen la mitad de las intervenciones educativas que realizan los educadores sociales del Equipo, y en el año 2016 batieron el récord: realizaron el mayor numero de mediaciones-reparaciones de todo el estado español.
Ambos Equipos Educativos gozan de gran reconocimiento social y profesional, tanto entre el resto de agentes educativos, de servicios sociales, de salud o comunitarios, como por parte de la Fiscalía y Juzgados de Menores, como así lo manifiestan en distintos informes. En el año 2014 los Equipos Educativos de Medio Abierto y el Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años recibieron la Distinción Luis Pinilla por su labor educativa con jóvenes. Con ocasión de la entrega de esta distinción el Presidente de la Fundación manifestó: “La concesión de la Distinción Luis Pinilla a los Equipos de Medio Abierto y al Equipo de Atención Educativa a Menores de Catorce Años en reconocimiento a su excelente, callada y constante labor en la difícil y a la vez esperanzadora tarea de reinsertar en la sociedad a jóvenes con problemas con la justicia”
El recorte se produce aprovechado un proceso de jubilaciones anticipadas de varios de sus miembros y la creación, sin planificación alguna, de nuevos servicios sin incremento de personal especializado. Para la creación de nuevos servicios se necesita una planificación seria que prevea tanto la evolución de las necesidades de los menores como la capacidad del sistema para abarcar estas necesidades. Desde el 2001 la Ley de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, en su artículo 87 y siguientes, obliga a la existencia de un Plan Integral de Atención a la Infancia y la Adolescencia como “instrumento básico para la planificación, ordenación y coordinación de los recursos, objetivos y actuaciones que en materia de infancia y adolescencia se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. El único Plan Integral fue elaborado en la legislatura pasada, ya caducado y no evaluado. Tampoco ha sido convocada, en estos tres años de legislatura, la obligada Comisión de seguimiento del Plan Integral. Por ello se suceden decisiones a “salto de mata” sin una planificación de todo el sistema y sin basar las decisiones en informes valorativos de necesidades o cargas de trabajo, dejando la decisión en el criterio de la Dirección Provincial de turno.
Por ello solicitamos tu firma para reclamar al Departamento de Derechos Sociales y Ciudadanía del Gobierno de Aragón el mantenimiento de las plantillas de educadores sociales del Equipo Educativo de Medio Abierto (EMA) y del Equipo de Atención Educativa a Menores de 14 Años (EMCA) y la elaboración de un Plan Integral de Infancia y Adolescencia que garantice una adecuada planificación de los servicios y su adecuación a las necesidades de los menores.
martes, 22 de mayo de 2018
2018 TURNO DE RESULTAS PERSONAL LABORAL Adjudicación definitiva BOA 30/05/2018
PERSONAL LABORAL DGA
Turno de Resultas de Traslados
(22/05/2018) Se da
publicidad a la Resolución de 17 de mayo de 2018 , de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, por la que se adjudican los puestos convocados con carácter
definitivo. Con esta misma fecha se remite al Boletín Oficial de Aragón para su
publicación el día 30 de mayo de 2018.
Resolución de Adjudicación
Puntuación definitiva
Listado de adjudicación
lunes, 30 de abril de 2018
(26-04-2018) 1º de mayo 2018. Manifestación a las 12 horas desde Plaza de Salamero. Ni un paso atrás, ni un derecho menos. Por el cambio del actual modelo social y económico. Por una carta social para Aragón.
El 1º de Mayo siempre ha sido una jornada reivindicativa de la clase trabajadora, en la que hacemos memoria de las luchas sostenidas durante todo el año en defensa de los derechos laborales y sociales, que están siendo desmantelados por parte de unos poderes políticos y económicos corruptos, que defienden un sistema inviable por más tiempo para las personas y el planeta.
En Aragón se está produciendo una total destrucción de nuestro tejido productivo propio.
Falta de inversión pública.
Desmantelamiento de los servicios esenciales para la ciudadanía.
Tenemos que movilizarnos para conseguir una Carta de derechos sociales para Aragón que suponga nuevo modelo social y económico para Aragón.
Para conseguir estos objetivos Necesitamos cuotas de mayor autogobierno aragonés.
Manifestación día 1 de mayo, saldrá a las 12 horas desde Plaza de Salamero, hasta Plaza de la Seo.
Colla Sindical Aragonesa: CATA, CUT, ISTA, SASA. Comunicado. LEER MAS.
martes, 30 de enero de 2018
miércoles, 17 de enero de 2018
NOTA DE PRENSA. Privatización Total de los Servicios Sociales Aragoneses

NOTA DE PRENSA
EL SINDICATO CATA
DENUNCIA LA PUBLICACIÓN DE
“LA HERRAMIENTA
LEGAL NECESARIA” PARA LA PRIVATIZACIÓN TOTAL
DE LOS SERVICIOS SOCIALES ARAGONESES
Desde
el Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA), denunciamos que el
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón abre la “barra
libre” para la privatización total de los servicios sociales. El pasado 12 de
diciembre se publicaba en el Boletín Oficial de Aragón la Orden CDS /2042/2017 por
la que se regula la acción concertada en materia de servicios sociales y que
permite privatizar la totalidad de servicios del Catálogo de Servicios Sociales
competencia del Gobierno de Aragón.
Esta
Orden contradice las últimas decisiones que ha tomado el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales en materia de
Protección de Menores reorganizando y recuperando
la gestión pública del Centro de Observación y Acogida (COA), tras la
desastrosa gestión de las últimas entidades privadas que lo administraron y
la valoración de la “no idoneidad” de gestión externa por parte del propio
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Esta situación parece indicar dos rumbos distintos y opuestos entre los
organismos encargados de la gestión de los servicios sociales, el IASS por una parte
y por otra el Departamento del cual depende, el de Ciudadanía y Derechos
Sociales. La falta de planificación y de coherencia que siempre ha
persistido en los servicios sociales aragoneses parece que no tiene fin y a los
desencuentros habituales entre Gobierno de Aragón y las Comarcas o Ayuntamiento
de Zaragoza, o la alternancia antagónica entre modelos de gestión social entre
gobierno de PP y PSOE, ahora nos enfrentamos a criterios distintos entre un
Departamento y su propio organismo responsable de la gestión de los servicios
sociales, el IASS.
En el Anexo de la Orden mencionada se enumeran como posibles
servicios susceptibles de “acción concertada”, gestión privada de los
servicios en la práctica, todos los contemplados en el “Catálogo de Servicios
Sociales” del IASS. Servicios que en la mayoría de los casos ya se encuentran
con gestión privada pero esta vez se añaden todos los referentes a la acciones
educativas con los menores infractores en medio abierto, como pueden ser: Servicio de intervención con infractores
menores de 14 años en el ámbito de protección, Servicios de mediación y reparación
para menores infractores y Servicio de ejecución de medidas judiciales en medio
abierto. Se trata de servicios
donde se ha realizado tradicionalmente una gestión directa por parte del Gobierno aragonés con independencia del color político de su
ejecutivo. Servicios todos ellos realizados por empleados públicos y con un
valoración muy positiva, tanto del sistema de Justicia Juvenil, como de la
sociedad aragonesa y que en algún caso son referente estatal de intervención
socioeducativa. Por lo tanto, servicios muy eficaces, que responden
perfectamente a su cometido social y educativo, con prestigio social y
profesional y nunca cuestionados, ni por la Fiscalía y Juzgados de Menores ni por los
anteriores ejecutivos del gobierno aragonés. Por ello es sin duda
inexplicable que el gobierno aragonés pretenda o facilite la vía para su
privatización.
Desde el CATA condenamos los procesos de
privatización de los servicios públicos y especialmente de los servicios
sociales que afectan a la población más vulnerable, privatizaciones que solo
pueden pretender la mercantilización del sector público y la dejación de
responsabilidad social sobre competencias en “Menores”, que “no dan votos”, que
pueden ser “conflictivas” y sin embargo implican la necesidad de mantener
equipos profesionales muy especializados, con continuidad y garantistas de los
derechos de los menores y las víctimas.
Exigimos al Gobierno de Aragón políticas
públicas que construyan sociedades más justas y sostenibles. Para ello es necesario
poner límites a las privatizaciones en todas sus formas, fomentando una mayor
inversión en los servicios públicos. Contra la falsa opinión de que la gestión
privada es más eficiente hay que declarar que no existe estudio empírico que
demuestre de forma fiable que las privatizaciones de servicios públicos
supongan una mayor eficiencia y calidad de los servicios, ni tan siquiera un
aumento de la competencia. Por el contrario, la realidad resultante de los
procesos de privatización implican la pérdida
del control democrático de los servicios, pérdida de calidad en la prestación,
dejación de las responsabilidades públicas, precarización de las condiciones de
trabajo (bajos salarios, inestabilidad laboral, recurso habitual a contratos
basura, falta de formación específica de los trabajadores, falta de continuidad
en el puesto de trabajo, pérdida de garantías en los derechos laborales),
cambios drásticos en la gestión y funcionamiento de centros o servicios con el
cambio de la entidad gestora, y en el
caso que nos ocupa falta de control real sobre la situación de los menores por
parte de la institución y ejercicio de la “autoridad” por personal privado.
El Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales justifica la Orden como desarrollo de los
planteamientos de la ley aragonesa 11/2016, que a su vez emana de lo regulado
en la Directiva Europea 2014/24/UE sobre contratación pública,
pero dicha directiva reconoce
expresamente que los gobiernos “siguen teniendo libertad para prestar por sí
mismos esos servicios”. Los servicios que se pueden concertar, en la
práctica privatizar, son servicios a las personas y en el caso que nos ocupa de
personas en situación de gran vulnerabilidad, muchos de ellos menores en
situación de riesgo social y sobre los que se ejerce la responsabilidad pública
de forma directa desde la creación de estos servicios con indudable
reconocimiento profesional y social sin que nadie, hasta la fecha, ponga en
duda la necesidad de seguir gestionando directamente estos servicios.
Por
todo ello desde el Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón (CATA) exigimos
la derogación o corrección de la Orden CDS /2042/2017,
de 30 de noviembre, por la que se regula
la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón
por suponer una puerta abierta a la privatización total de los servicios
sociales en Aragón y en especial de los servicios socioeducativos para la
intervención con menores en conflicto social y por ello una dejación de
responsabilidades públicas en materias sociales muy sensibles y donde el
Gobierno de Aragón y el IASS en particular, han sido testigos de gestiones de
servicio muy lesivas para los menores, los profesionales y la credibilidad de
las propias instituciones.
martes, 16 de enero de 2018
miércoles, 27 de diciembre de 2017
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