Una evaluación rápida de las principales medidas de privatización del sistema sanitario

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Por Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

En España, desde el inicio de los años 90 los principales medios de comunicación social, la gran mayoría de las editoriales y revistas sanitarias, las organizaciones profesionales y buena parte del mundo académico, aceptó y apoyo esta política sin grandes resistencias.

La privatización de la Sanidad Pública en España esta siendo llevada a cabo mediante diferentes medidas destinadas a ocultarla a la población que la financia y a los profesionales sanitarios que trabajan en ella. El principal argumento para justificarla es la ineficiencia y baja calidad de los servicios de gestión pública prestados por estructuras burocráticas,  frente a las ventajas de la gestión empresarial regidas por las leyes del mercado y la competencia.

Esta estrategia esta impulsada desde hace años por los grupos de inversión multinacional, los grandes laboratorios farmacéuticos y las empresas tecnológicas, que controlan los principales organismos internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio y la propia Organización Mundial de la Salud que están imponiendo sus medidas a todos los países del mundo, incluida la Europea a través de las políticas promovidas por la  Comisión Europea.

En España, desde el inicio de los años 90  los principales medios de comunicación social, la gran mayoría de las editoriales y revistas sanitarias, las organizaciones  profesionales y buena parte del mundo académico, aceptó y apoyo esta política sin grandes resistencias.

Una consecuencia de la hegemonía de estos planteamientos fue el apoyo del gobierno central y de numerosas administraciones autonómicas a las propuestas de trasformar los centros sanitarios en empresas  de gestión privada mediante diferentes fórmulas que podríamos agrupar bajo el término Nueva Gestión que comenzó en 1990 con la aprobación de la LOSC en Cataluña, y que tuvo amparo legal  en  laLey 15/1997 de 25 de Abril, sobre Nuevas Formas de Gestión que habilita a los gobiernos central y autonómicos a crear entidades de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho,  para gestionar los centros sanitarios mediante empresas públicas, consorcios, fundaciones, concesiones administrativas, cooperativas empresariales, etc., unidas bajo por la idea de acabar con la gestión pública y dotar a los centros públicos de autonomía para competir por conseguir fondos públicos, inversores privados y clientes. Al calor de esta política importantes grupos de inversión están entrando en el sistema sanitario construyendo y gestionando los nuevos centros asistenciales y  participando en la provisión de servicios sanitarios y no sanitarios  gracias a la externalización de los mismos por las administraciones sanitarias

Entre las principales consecuencias de esta política podríamos destacar:

1.- La fragmentación del sistema que dificulta la planificación y la gestión estratégica del mismo.

2.- El deterioro de la integralidad, coordinación y eficiencia global de la asistencia.

3.- Descapitalización de los servicios de salud y centros públicos.

4.- Incremento  del gasto y del endeudamiento del sistema que pone en riesgo la sostenibilidad del mismo.

Tras las últimas elecciones el cambio en el escenario político y social hacen pensar en la posibilidad de cambiar las políticas que han deteriorado los servicios públicos y los derechos sociales, especialmente en el área de la salud donde se ha perdido la universalidad, la equidad, la accesibilidad, la calidad y la eficiencia del sistema sanitario público

Un primer paso sería evaluar los resultados de las diferentes medidas privatizadoras de la sanidad, para facilitar las medidas necesarias para restablecer el deterioro del sistema y recuperar los derechos perdidos

Los escasos estudios realizados para evaluar los resultados de los centros y servicios sanitarios privatizados muestran que estos disponen de menos recursos, ofertan una menor calidad asistencial, discriminan a los enfermos y son tan costosos que ponen en riesgo la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo la experiencia acumulada por la población y los trabajadores sanitarios ha hecho surgir, pese a los mensajes  de los medios de comunicación hegemónicos, un cambio en el estado de opinión de  rechazo a la misma, como muestran las grandes movilizaciones contra los hospitales de financiación y gestión privada en  Galicia, Madrid, Burgos o Alcañiz.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública Pretendemos analizar el proceso de privatización y las principales medidas que se han utilizado para llevarla a cabo, para ponerlas a disposición de las fuerzas y organizaciones progresistas en el caso de que puedan gobernar, y facilitar que adopten las medidas de cambio con conocimiento de causa. 

1.- Fundaciones Sanitarias

Unos de los primeras experiencias piloto de trasladar el modelo empresarial privado a la gestión de los centros sanitarios públicos fueron las llamadas Fundaciones Sanitarias puestas en marcha en Galicia (1993) por el Partido Popular cuya Consellería de Sanidade estaba en manos de Romay Becaría (posteriormente  Ministro de Sanidad en el primar gobierno de Aznar) y de Núñez Feijoo (posteriormente Presidente del Instituto Nacional de Previsión). Para la puesta en marcha de estas experiencias de gestión de centros sanitarios se recurrió a la figura jurídica de las Fundaciones Sanitarias organizaciones sin ánimo de lucro, acogidas al derecho público y privado, con personal laboralizado, regidas por patronatos con presencia del sector privado, destinadas a realizar actividades sociales de interés general. Es decir se pervirtió voluntariamente un modelo organizativo que no fue pensado inicialmente para administrar servicios de salud, pero que proporcionaba la oportunidad de introducir en los centros sanitarios parte de la lógica de las organizaciones privadas  (proporcionaba a los centros plena autonomía respecto del resto del sistema, el personal pasaba a regirse por el modelo laboral privado en lugar del estatutario propio de la función pública, daba entrada en los órganos de gestión al sector privado, etc.).  Para vencer el rechazo profesional, Núñez Feijoo introdujo algunos cambios en este modelo, sin el debate parlamentario preceptivo y utilizando la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 1999 el Ministerio con la finalidad de trasformar todos los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud en Fundaciones Sanitarias Públicas (Artículo 111, Ley 59/98). Pese a la oposición general el Gobierno aprueba el reglamento de las mismas por Real Decreto 29/900. La falta de apoyo sindical y profesional frustro esta expectativa, aunque se mantuvieron las Fundaciones ya creadas.

Los resultados de estos experimentos fueron analizados por la FADSP tanto en Galicia (Verin, Virxen da Xunqueira, Barbanza y Salnés) [1]  como en las Comunidades Autónomas a donde se exportó el modelo (Hospitales de Alcorcón en Madrid, Manacor de Mallorca, Arriondas y Jove en Asturias, y Calahorra en La Rioja) [2]. Estas evaluaciones (PIE DE PAGINA)  mostraron que lejos de reducir la burocracia,  mejorar la productividad, la eficiencia y la calidad de la asistencia o  promover una mayor transparencia  y participación, las Fundaciones recortaban el número de camas (23,4%), quirófanos  (21,5%) y personal de todas las categorías por habitante (43,8%) ; tenían menores rendimientos en intervenciones quirúrgicas (13,3%) , personas ingresadas (24,1%) ; reducían las consultas (27,4%) o procedimientos aplicados a los enfermos en el momento del alta hospitalaria ; y sus listas de espera quirúrgica o de consultas eran superiores a las de los hospitales de gestión pública (10%) .  Aunque el gasto por habitante era significativamente menor en las Fundaciones que en los centros públicos (33%), esto lo lograban reduciendo actividad, docencia o actividades de investigación. En la mayoría de las Fundaciones se objetivaron además una elevada temporalidad del personal y abusos en la contratación del mismo (enchufes) que generaban un clima laboral desmotivador; irregularidades en los contratos con empresas externas con adjudicaciones incomprensibles y ruinosas para el sistema; una gestión presupuestaria poco rigurosa y transparente; la descapitalización y endeudamiento de los centros, etc.

Aunque estos malos resultados no tuvieron apenas difusión en los medios profesionales (controlados en buena parte por la industria farmacéutica), obligaron a la Xunta de Galicia  a reintegrar las Fundaciones en Galicia a la Gestión Pública (2008) y a  paralizar la creación de nuevas Fundaciones en el resto del Estado. Por otro lado los gobiernos autonómicos afines al Partido Popular cambiaron su estrategia privatizadora recurriendo a otras fórmulas como la Colaboración Público Privada o la Concesión de Obra Pública como el Modelo Alzira en la Comunidad Valencia, la llamada Iniciativa de Financiación Privada (PFI) importada del Reino Unido pese a su fracaso  para los nuevos hospitales de Madrid o Burgos o la Concesión de Obra Pública en el Hospital de Vigo por la Xunta de Galicia.

Recientemente (marzo 2015) el Tribunal de Cuentas presentó en las Cortes Españolas un informe sobre la tramitación de los contratos de las fundaciones sanitarias que gestionan hospitales del Sistema Nacional de Salud entre los años 2002 y 2004. Esta demora de 11 años en la evaluación de las Fundaciones Sanitarias muestra las deficiencias de los instrumentos de control y supervisión de los servicios sanitarios por instituciones públicas como los tribunales de cuentas (que tardan años en realizar y comunicar sus informes)  o privados como las empresas auditoras (muy influenciadas por los intereses de las empresas a las que auditan que les pagan). El informe muestra que la gestión de los contratos de las fundaciones sanitarias del Hospital de Alcorcón (Madrid), la Fundación Hospital Calahorra (La Rioja), la Fundación Hospital Manacor y la Fundación Hospital Son Llàtzer (estas dos últimas en Baleares), no estaban conformes con los principios de objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación,  ni cumplían con los principios de economía en la gestión de fondos públicos. Entre otras irregularidades, fraccionaban los contratos para evitar los principios de publicidad y concurrencia del sector público, presentaban serias deficiencias en los pliegos de condiciones y favorecían a determinadas empresas en detrimento de los intereses públicos.

Resulta llamativo y escandaloso que a pesar de los malos resultados de estas formas de gestión hospitalaria las administraciones sanitarias de las Comunidades Autónomas donde se pusieron en marcha (salvo Galicia), las mantengan aún,  pese a que no existe evidencia alguna de  que esta forma de gestión privada sea mejor que la pública, ya que no es más barata, no mejora la calidad de la atención ni incentiva la actividad de sus trabajadores.

Las supuestas mejoras económicas de las fundaciones provienen fundamentalmente de los recortes de plantillas y recursos, de la reducción de la actividad y de la atención de los pacientes, de las recortes de derechos y salarios de sus trabajadores y de la devaluación la calidad del servicio. Esta forma de gestión de los servicios basada en trasladar la lógica y los incentivos empresariales facilita, además, las corruptelas mediante contratos amañados y permite colocar a los amigos (evitando las posiciones y los concursos públicos).

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

http://www.aragon.attac.es/2016/02/01/una-evaluacion-rapida-de-las-principales-medidas-de-privatizacion-del-sistema-sanitario/