Tras un año de trabajo llevado a cabo por
CGT, STEA, IU, CHA y MHUEL en defensa de la Educación Pública y en contra de
los conciertos educativos, se ha configurado una campaña en Zaragoza que se
extiende a todos los sectores públicos y que cuenta con el respaldo de otras
organizaciones -CATA, Intersindical, SF-i, FABZ, Marea Blanca, Marea Naranja y
Marea Verde Universidad- bajo el nombre de Foro ‘Público 100%’. “Se trata de
comenzar con concentraciones de los diferentes sectores públicos, para
concienciar a la ciudadanía de las consecuencias de la privatización de estos
servicios y terminar con una manifestación contra la privatización de los
servicios públicos”, señalan en un comunicado las organizaciones.
Este jueves, en
rueda de prensa, hicieron público un calendario de movilizaciones que
arrancarán el martes 11 de febrero con una concentración en defensa de la
Educación Públicas y los Servicios Sociales, a las 18.00 horas en la plaza de
España. Posteriormente se
celebrarán otras concentraciones en defensa de la Sanidad, 18 de febrero a las
14.00 horas en la puerta del Hospital Clínico Universitario; los Transportes y
comunicaciones, 20 de febrero a las 18.00 en la Estación de Goya; la
Universidad, 24 de febrero a las 12.00 en la plaza San Francisco; los Servicios
Municipales, 25 de febrero a las 18.00 en la plaza del Pilar, frente al
Ayuntamiento. Para concluir en una gran manifestación convocada el 27 de
febrero, a las 18.00 horas, con salida en la plaza San Miguel y con final la
Delegación del Gobierno en Aragón.
En un comunicado unitario, las
organizaciones agrupadas en Foro ‘Público 100%’ recuerdan que generaciones de
ciudadanos y ciudadanas “han trabajado duro para crear infraestructuras
esenciales, para impulsar sectores estratégicos o para crear organismos que
suministrasen servicios básicos para la comunidad”. “Con la excusa del mandato
europeo y de la supuesta eficiencia del sector privado, los sucesivos gobiernos
del PSOE y del PP han ido vendiendo el patrimonio acumulado. Multitud de
empresas han pasado a manos de multinacionales y amiguetes del político de
turno: Repsol, Endesa, o Gas Natural en el sector energético;
Transmediterránea, Enatcar, o Iberia del transporte; AENA en aeropuertos;
Telefónica en comunicaciones; Argentaria en la banca, Tabacalera y luego
Altadis en los tabacos; Indra en informática,… La lista es larga. Y las
consecuencias funestas”, añaden en el comunicado.
“El Estado -continúa el comunicado- dejó
de percibir unos ingresos que ahora vendrían de maravilla y perdió el control de
sectores estratégicos que hoy serían poderosas herramientas para combatir la
crisis. El empleo ha disminuido y los que quedan, trabajan en peores
condiciones. Los ciudadanos recibimos peores servicios y pagamos tarifas más
altas. Tan sólo han ganado quienes se las quedaron a precio de saldo y los
políticos que lo impulsaron que hoy se lucran como asesores o consejeros.
Apropiarse de los principales negocios les supo a gloria y decidieron
continuar. Le quieren hincar el diente a los aeropuertos, a los ferrocarriles y
al servicio de correos. Valoran poner peaje en las autovías que hoy son
públicas. Desde hace tiempo se vienen haciendo con contratas municipales de
limpieza, de recogida de basuras o de transporte urbano. Con la distribución
del agua y su depuración. Con los servicios de atención a la dependencia, la
tele asistencia o las residencias. En Sanidad comenzaron introduciendo
criterios de gestión privada. Privatizan cocinas, limpieza y lavandería. Siguen
con pruebas diagnósticas, con los laboratorios y cirugía menor”.
“En la Educación se valieron de la excusa
de la ausencia de centros públicos para sostener la red de centros privados que
las congregaciones católicas tenían bajo la dictadura. Tanto el PSOE como el PP
ampliaron y consolidaron dicha red y ahora se usa la LOMCE para impulsarla y
abrirla a las grandes constructoras que están ávidas de hacer negocios.
Asistimos a un desmantelamiento programado de la escuela pública, reduciendo
programas, presupuesto y profesorado, así como reducción de becas de comedor y
material escolar, lo que supone una disminución de la calidad educativa y
atención al alumnado que más lo necesita. La Universidad no es una excepción. A
la expansión de las universidades privadas (U. San Jorge) se le une el
deterioro financiero de la pública, el soporte privado de la investigación y la
presencia cada vez mayor de cátedras de financiación privada. La reorientación
a la formación laboral en detrimento de la formación propiamente dicha, la
pérdida de valor de los grados que impulsa la creación de másteres de alto
precio, la subida de tasas y la reducción de becas. Quien piense que Wert ha
acabado su faena, se equivoca. Una nueva ley para apuntillar a la maltrecha
universidad pública está anunciada”, asevera el comunicado.
Las pensiones públicas llevan mucho tiempo
en el punto de mira de la banca. Para las organizaciones firmantes “todas las
reformas, sean del PSOE o del PP, han ido siempre en el mismo sentido. Reducir
prestaciones y cambiar el fondo del sistema: de un salario de sustitución para
quien ya no puede trabajar a un seguro en función de lo aportado. Preparando el
camino para el reemplazo paulatino del sistema público de pensiones por uno
privado. Los servicios municipales y sociales han sufrido la pérdida de más de
800 puestos de trabajo desde el 2008. Lo que significa que determinados
servicios no se puedan prestar en condiciones por falta de plantilla. La nueva
Ley de racionalización y sostenibilidad local, va a traer consigo la
privatización o eliminación de los servicios municipales: guarderías, escuelas
municipales…”
A esto hay que añadir la disminución de
recursos económicos para los servicios sociales. “La crisis económica como
causa coyuntural, pero también un sistema social injusto han provocado que
aumente la situación de precariedad de miles de familias que solicitan apoyo.
Los Servicios Sociales, son incapaces de dar respuesta a esta situación”,
apostillan.
“No se puede seguir por ese camino. No
sólo por evitar que siga el expolio y el robo de lo construido durante años. Es
también la defensa de una forma de hacer cumplir los Derechos humanos. El
derecho a la educación, a la sanidad, a la vivienda, al transporte, a la
seguridad en la vejez, a los cuidados en la dependencia… no pueden depender de
los recursos individuales, ni estar al servicio del beneficio económico. La
privatización de todos estos servicios, el incremento del paro, los recortes de
retribuciones que pretenden dejar nuestros salarios entre 400 y 600 euros
mensuales junto al apabullante recorte de derechos civiles y libertades, nos
llevan a la más pura y dura esclavitud, sin cadenas, pero inmovilizados”
concluyen.
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