Por su parte, el Grupo de Vivienda del 15M
Uesca convoca dos acciones de apoyo y solidaridad con la Corrala Utopía de Sevilla,
la primera este jueves 6 de febrero a las 17.00 horas, y la segunda el viernes
7 a las 12.00, ambas en la puerta de la oficina principal de Ibercaja en la
capital altoaragonesa (Coso Alto, nº 41, enfrente del teatro Olimpia).
DIAGONAL | Inma de Pando (Redacción Sevilla) | El 4 de febrero
amanecía frío, desapacible, en Sevilla, mientras se acercaba la hora en la que
la Corrala Utopía había convocado a los medios de comunicación para informar de
“novedades judiciales”. Con varias
vecinas en Zaragoza intentando
penetrar en el corazón de Ibercaja, y otra, Toñi Rodríguez, en su sexto día de huelga
de hambre ante la sucursal de la calle de San Fernando en Sevilla,
no era difícil dibujar las palabras que apenas pasadas las 11.00 de la mañana,
se lanzaron: existe fecha de desalojo.
Así lo hizo saber Luis de los Santos, uno
de los miembros del Grupo
17 de Marzo, sostén legal de las familias, que han peleado hasta la
extenuación en los tribunales para evitar esta noticia. El viernes 31 de enero
llegó la notificación del auto de desalojo de la Corrala Utopía. El Juzgado de
Instrucción n.º 3 de Sevilla establece, a partir de esa fecha, 15 días
naturales para que las vecinas abandonen de forma voluntaria el edificio. De no
ser así, a partir del domingo 16 de febrero, justo cuando se cumplen 21
meses de realojo, la policía puede hacerlo efectivo en cualquier
momento.
El Grupo 17 de Marzo ha anunciado que recurrirá el auto de
desalojo ante la Audiencia Provincial de Sevilla, aunque este paso no obliga a
la jueza a suspenderlo. Aun así, pedirán que se congele hasta que se resuelva,
“porque entendemos que si se ejecuta el desalojo y la Audiencia decide
posteriormente que el auto no se ajusta a derecho se va a producir un perjuicio
de imposible reparación”.
“Después de un año y medio no se puede dictar un desalojo en
medio folio”, ha señalado Luis de los Santos. Los argumentos jurídicos en esta
última batalla judicial apuntan a que la medida de desalojo es desproporcionada
y su urgencia, en fase de instrucción, sin juicio aún y mucho menos sentencia,
no está motivada de forma suficiente. Ni por la jueza, ni por el Ministerio
Fiscal ni por la propiedad.
El fin de este desalojo, tal y como se
recoge en el auto, es “la restauración del orden jurídico perturbado”. Según
señala el Grupo 17 de Marzo, la jurisprudencia
del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos es contundente al respecto:
“tiene que estar muy motivado por qué tiene que producirse un desalojo
cautelar, porque la vida de las personas está por encima de cualquier bien
jurídico, en este caso, la propiedad”. Traducido al escenario de la Corrala
Utopía, “después de año y medio, las familias han hecho de ese inmueble
abandonado su hogar y allí viven personas con enfermedades graves y muchos
menores de edad”.
Luis de los Santos añade otro requisito
establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que este tipo de
desalojos cautelares no sean “ilegales”. La obligación de las administraciones
públicas de garantizar
una alternativa habitacional. En este sentido, ha señalado que la
Junta de Andalucía “tiene que intervenir, como dicen las instituciones
europeas, en dar una alternativa, dentro de sus competencias, que las tiene”.
Manoli, una de las vecinas presentes en la rueda de prensa, ha resumido el
llamamiento a la Junta de Andalucía: “ya es hora de que se moje y nos dé una
solución”.
Ibercaja se comprometió la semana pasada,
en una reunión mantenida con el Defensor del Pueblo Andaluz en Madrid, a dar
una respuesta. Sobre la mesa tiene una propuesta: asumir, a través de una
cooperativa formada por las familias, el alquiler colectivo del inmueble
completo, incluidos los bajos del edificio, que se destinarían a actividades de
autoempleo de las vecinas y a usos sociales y culturales para el barrio. Junto
al proyecto, una carta dirigida a Amado Franco, en la que explican las
distintas situaciones que les llevaron, en mayo de 2012, a realojarse en este
inmueble abandonado, entre ellas, las de las personas “que trabajando 12 horas
al día por un sueldo miserable tuvimos que hacer las maletas y con nuestros
hijos vernos en la calle porque o comíamos o pagábamos la renta. Decidimos
darle de comer a nuestra familia, ¿escogimos mal?”.
Por ahora, y después de más de un año y
medio de lucha, sólo hay declaraciones y promesas rotas. “Los bancos tienen
miles de viviendas, pensar que esas viviendas las van a vender en el plazo de
tres o cuatro años es una absoluta utopía, es preferible que esa vivienda esté
ocupada pagando una renta de 100 euros a que esté deshabitada”, afirmaba
públicamente Amado Franco, presidente de Ibercaja, en abril de 2013.
Y, sin embargo, la entidad bancaria en repetidas ocasiones ha negociado con la
Corrala rompiendo el compromiso de retirar la petición de desalojo. La Consejería
tiene “alternativas habitacionales diversas que no voy a plantear, de momento,
públicamente”, lanzaba Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda de la
Consejería andaluza, en su cuenta oficial de Twitter, pero hoy las familias han
confirmado que no hay sobre la mesa alternativa alguna, a pesar de que restan
apenas 12 días para el posible desalojo. Y jamás el Ayuntamiento de Sevilla,
comprometido a impulsar los
suministros de agua y luz en
el edificio, dio paso alguno para empezar siquiera a hacerlos efectivos.
Aguasanta, otra de las vecinas, al final de la amarga cita ante
los medios, ha agradecido el apoyo con el que ha contado la Corrala desde el
principio. “Esto lo podemos ganar”, ha afirmado después de llegar de Zaragoza,
agotada, y reencontrarse con sus compañeras. En este día que sigue frío en
Sevilla, lo único claro es el inicio del poema de Benedetti que resiste en una
de las paredes de la Corrala: “No te rindas”.
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