La empresa Eurotécnica Agrícola, propiedad de la duquesa de Alba, ha pedido para Diego Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), un año de cárcel y multas que totalizan 7.050 euros por delitos de injurias y calumnias...
AgenciasLa empresa Eurotécnica Agrícola, propiedad de la duquesa de Alba, ha pedido para Diego Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), un año de cárcel y multas que totalizan 7.050 euros por delitos de injurias y calumnias al acusarla de pagar en B y contratar irregularmente a inmigrantes.
El escrito de acusación, se dirige contra Cañamero y Luis Ocaña, abogado del SAT, por una rueda de prensa que celebraron el 29 de septiembre del 2011 y en la que informaron de que habían denunciado ante la Fiscalía a la empresa de la casa de Alba por emplear las subvenciones europeas "en objetivos de dudosa legalidad" y por contratar a inmigrantes irregularmente.
Dicha rueda de prensa se celebró unos días antes de la boda de la duquesa de Alba, de la que el escrito de acusación recuerda que es una persona de proyección pública y añade que la divulgación de ciertos datos "sin la más mínima comprobación" causó daños a la empresa Eurotécnica Agrícola y a sus socios.
En la rueda de prensa, los dos denunciados divulgaron datos que habían sido suministrados por un antiguo empleado de la empresa y la acusaron "sin pruebas" de delitos contra la Hacienda Pública, de contratar a inmigrantes de manera irregular o de pagar en dinero B.
Los dos acusados "convocaron a tantos medios de comunicación como pudieron" y con sus palabras "lesionaron gravemente" la dignidad de la empresas querellante, sus socios y accionistas, pero especialmente de la duquesa de Alba.
El escrito de acusación precisa que Cañamero se refirió a ella como una persona que "no ha contribuido a nada, aparte de explotar a nuestros abuelos y nuestros padres".
7.050 euros de multa
La acusación imputa a los dos procesados delitos de injurias, calumnias y de revelación de secretos y destaca que, en el caso del abogado del sindicato, lo cometió en el ejercicio de su profesión pues los documentos supuestamente revelados por el extrabajador le fueron entregados "en su despacho profesional y en su condición de abogado".
Por ello, pide para Ocaña dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación para ejercer como abogado por el delito de revelación de secretos, junto a una multa de 2.100 euros por un delito de injurias y 3.600 euros por otro de calumnias.
Para Cañamero, la acusación reclama 2.100 euros de multa de injurias, 3.600 euros por calumnias, y un año de cárcel y 1.350 euros de multa por el delito de revelación de secretos.
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