La consejera aragonesa de educación llegó a denunciar por coacciones a los autores de esta acción, que fueron absueltos en noviembre. Foto: Marea Verde Aragón
“Poca cosa hay que hacer. Esta ley hay que pararla en la calle”, dice categórico Jaume Asens, abogado especializado en derechos humanos y miembro del Observatori DESC. Vale, la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo borrador se está comentando desde que recogiera la primera amenaza de imponer 600.000 euros de multa por sacar una foto de un antidisturbios haciendo lo que mejor sabe hacer, será aprobada por el rodillo de la mayoría absoluta, ¿pero hay algún margen para echarla para atrás o sortearla?
El recurso al Constitucional
También conocido como “el TC echó para atrás la patada en la puerta de la Ley Corcuera”. Sí, los magistrados del tribunal le dieron con la puerta en las narices en 1993 al ministro de Interior de Felipe González, o por lo menos a este aspecto de su Ley de Seguridad Ciudadana, que permitía a la policía entrar en un domicilio sin orden judicial. “Pero el Constitucional de ahora está mucho más controlado por el Gobierno”, matiza Asens.
No es que la táctica de atacar la mayoría absoluta del PP por los tribunales sea descabellada. De hecho, esta legislatura lleva 14 recursos al TC sólo por leyes de alcance estatal, y otras tantas por leyes autonómicas. Las hay para todos los gustos: además de las dirigidas contra el Gobierno central, la de Rajoy contra el Gobierno madrileño de Ignacio González por el euro por receta, o la del Gobierno contra la ley antidesahucios andaluza. Es de prever que el PSOE, que se ha mostrado contrario a las medidas incluidas en el borrador –con parecido nivel de beligerancia garantista que la usada por el PP en su día contra la Ley Corcuera–, lleve al Constitucional la Ley de Fernández Díaz.
Lo hará por su cuenta, según explican a Diagonal fuentes parlamentarias; si con el recurso a la reforma laboral fue de otra manera se debió a una petición expresa de CC OO y UGT para que el recurso fuera interpuesto conjuntamente entre PSOE e IU (esta última fuerza, y su grupo parlamentario Izquierda Plural, no llegan a los 50 escaños necesarios para plantear el recurso). La semana en que se cierra este número es la última con actividad parlamentaria, pero quizá en enero haya novedades. Estas mismas fuentes señalan que al Gobierno siempre le queda el recurso de eludir el pleno y presentar el proyecto directamente en la comisión de Justicia e Interior, algo poco probable, pero que ya hizo con la Ley de Seguridad Privada para eludir el debate público.
La lentitud del TC
En todo caso, el TC no responderá de un día para otro a un hipotético recurso: si lo admitiera a trámite, el fallo puede hacerse esperar meses. El recurso contra la reforma laboral fue admitido a trámite en noviembre de 2012, y ahí sigue. Compárese con los 40.000 euros en multas por la campaña de escraches –los señalamientos públicos a dirigentes políticos en sus casas o centros de trabajo– de los grupos antidesahucios, sólo en Madrid y sólo en tres meses.
Aguantaré y un día pondrán un mural con mi cara
O la opción de algunos dirigentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores: ir esquivando las multas y las declaraciones en los juicios y asumir lo que venga. Sánchez Gordillo hasta ahora se ha librado por ser diputado en el Parlamento andaluz. Pero el SAT acumula ya más de 500 procesados y ha pagado más de 200.000 euros en multas, y tiene por delante “multas y fianzas por valor de más de 900.000 euros a las que hacer frente y penas de prisión por un total de cien años”, según contaba Diego Cañamero, portavoz del sindicato, a este periódico.
La transparencia como arma
Un miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Terrassa (Barcelona) relataba cómo las primeras reacciones en las masivas asambleas del colectivo tras conocerse las medidas previstas era “más bien la contraria” a la que, supuestamente, anima al Gobierno. “La gente se mostraba indignada y sin miedo”, señalaba. No obstante, acciones como las ocupaciones de bancos o parar desahucios están explícitamente señaladas en el borrador. Ya se ha escrito sobre la posibilidad de añadir piruetas imaginativas a estas acciones –como las ocupaciones de bancos a ritmo de flamenco promocionadas por el colectivo Flo6x8–. No hay garantías, pero dos años de protestas en las plazas han enseñado que pensar acciones inclusivas y transparentes –ninguna acción sin su colectivo de fotografía o de streamers detrás, ningún consenso forzado fuera de asambleas y protocolos transparentes de acción como el que propuso la PAH con los escraches– suponen una buena protección contra las multas.
Propaganda y formación contra la LSC
Tras las Navidades, la actividad contra el proyecto de Fernández Díaz se intensificará, seguramente coincidiendo con su discusión en el Congreso. Diferentes organizaciones sociales, de derechos humanos y de juristas preparan en Barcelona un gran acto contra la ley, según explica a Diagonal Jaume Asens, que suponga una “demostración de fuerza que refuerze la movilización contra la ley” y que apunte, también, al posicionamiento de actores internacionales como el relator de Derechos Humanos de la ONU sobre la Ley de Seguridad Ciudadana española. También en Barcelona, la librería Synusia (en el Ateneu Candela, Terrassa) acogerá un curso sobre la nueva ley, incluido dentro de la red de seminarios Nociones Comunes.
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