POR LA RENTA BÁSICA ESTATAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”.
En las plazas de todo el Estado,
han resonado durante el año 2011
estas palabras indignadas,
expresando el hartazgo de la ciudadanía.
La crisis multiplica el número de damnificados por las políticas capitalistas y neoliberales. Ello ha supuesto que 5.977.500 de personas se encuentren en situación de desempleo según datos de la EPA del segundo trimestre de 2013; recortes sociales en sanidad, educación o de ayudas a la dependencia mediante menor asignación presupuestaria y privatizaciones, entre otras; y un preocupante aumento de la precarización de las condiciones laborales y los abusos ejercidos sobre los trabajadores.
La carencia de empleo y de ingresos constituye uno de los principales motivos de desahucios. Según el Consejo General del Poder Judicial, el número de desahucios (lanzamientos) en 2012 era de 101.034 y para 2013 estima que el 37,5% será motivado por ejecuciones hipotecarias y el 57,7%, ejecuciones de arrendamiento. Resulta inadmisible que en un estado democrático, social y de derecho a la vez que el uso y disfrute de una vivienda digna, el empleo en un trabajo digno y la garantía de suficiencia económica de las personas son constitucionalmente declarados, se consienta que simultáneamente existan situaciones en las que a las personas se les prive de ellos.
Mientas tanto, el Estado reflota a la banca inyectándole cantidades astronómicas de dinero público, los barrios se deterioran a marchas aceleradas, el número de personas que no disponen de ningún tipo de prestaciones sociales acrecienta a medida que se desarrolla el periodo de crisis, el fantasma de la pobreza infantil vuelve a asomarse en nuestra realidad cotidiana, aumentan las enfermedades mentales y suicidios, los comedores sociales y programas de alimentos se ven desbordados. Pobreza, paro, precariedad y marginación se anudan, limitando la libertad real de millones de personas y expulsándolas a la cuneta, a la exclusión social.
Junto a la pobreza conocida emergen nuevas formas de marginación y precariedad. En el Estado Español, la tasa de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social es del 27% para el año 2011 según EUROSTAT. Casi la mitad de los jóvenes se encuentran en paro, condenados a vivir en casa de sus padres; la emigración acaba constituyendo la única perspectiva incluso para muchos jóvenes con titulación universitaria, emigración obligatoria que desde las tribunas del poder se atreven a afirmar, sin pudor alguno, que constituye una fortaleza para los jóvenes y para el conjunto del Estado.
En esta situación, las ayudas no contributivas y las correspondientes a rentas mínimas establecidas por las instituciones públicas, muy dispares entre los distintos territorios que conforman el Estado español, muestran descarnadamente su radical inadecuación a la realidad, se revelan insuficientes para la condición de habitabilidad digna de las personas y se terminan convirtiendo en una miserable carrera de obstáculos debido a su excesiva burocratización y a su condicionamiento a situaciones de emergencia límite que no cubren la situación de emergencia social generalizada.
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